Es primordial definir que entendemos por “seguridad”, puesto que en función del concepto de seguridad que asumamos, determinaremos la política de seguridad necesaria.
El concepto tradicional de seguridad es el que lo asociaba con la investigación y represión del delito y el mantenimiento del orden, tratándose de un concepto de seguridad situada en el entorno del control y de la criminalidad y eminentemente vinculado a la que hoy denominaríamos “Policía de Seguridad”.
Es el clásico concepto de “Seguridad Pública” vinculado primariamente a las necesidades del Estado. La evolución hacia formas de gobierno más participativas y democráticas hizo que se incorporara la prevención, actuando también sobre las causas y no solamente sobre los efectos.
Si bien esta concepción preventiva y proactiva de la seguridad significó un claro avance, hizo falta incorporar elementos nuevos a estas políticas, de modo que hoy consideramos dentro del esquema de seguridad las políticas sociales, de empleo, urbanísticas, de salud y de educación, así como la protección de los derechos y de las libertades de los ciudadanos, avanzando entonces hacia la definición de seguridad que sustentamos, es decir, la SEGURIDAD CIUDADANA, entendiendo como tal al estado o situación en que el ciudadano y la sociedad se encuentran libres de amenazas a sus derechos, su vida y su seguridad
Se trata de una formulación moderna pero a la vez tradicional, puesto que sus antecedentes evidentes se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y mucho más cerca en la definición de las Naciones Unidas, a través del P.N.U.D. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en sus Informes de 1993 y 1994 (“Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana”), para el cual la seguridad humana implica la protección de las personas de las amenazas a sus derechos, su seguridad y su vida extendiendo la seguridad del individuo a distintas dimensiones como la económica, alimentaria, de salud, ambiental, personal, comunitaria y política, para alcanzar una estabilidad duradera.
El organismo internacional concibe aquí, por primera vez, la seguridad humana como la necesidad de orientarse a la seguridad integral de las personas, en lugar de la seguridad nacional; de darle mayor énfasis a la seguridad sustentada en el desarrollo humano, en vez de la seguridad por medio de las armas; y de procurar la seguridad alimentaria, laboral y ambiental, en lugar de la seguridad territorial.
Las amenazas a la seguridad, en esta línea conceptual, son multidimensionales y afectan a diversas áreas de la vida: la económica, la social, la sanitaria, la jurídica, la medioambiental, la militar, la ética y derechos humanos, etc.
Además, muchas de estas amenazas son interdependientes y tienen una dimensión que excede el espacio territorial limitado de una ciudad y aun de un país. Las características de estas amenazas nos hacen pensar que la búsqueda de seguridad debe ser un esfuerzo colectivo en el que todas las personas y unidades políticas deben participar.
En este sentido, ya que la seguridad es un requisito básico para que las personas puedan satisfacer sus necesidades y desarrollar sus potencialidades como seres humanos, la Seguridad Ciudadana se constituye en un Derecho Humano exigible y como tal obliga éticamente a la sociedad a ofrecer seguridad a sus integrantes.
En nuestro ámbito, la falta de seguridad ciudadana ha pasado a ser en los últimos tiempos uno de los temas centrales de preocupación de los ciudadanos de Paraguay y de la Nación toda, y, por tanto, una de las cuestiones a resolver prioritariamente por los decisores políticos como una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida.
En efecto, la crisis de la seguridad y su evidente necesidad de reformas han conducido a que, ocasiones, desde los ámbitos gubernamentales se formulen recetas simplistas para actuar sobre los efectos y no sobre las causas, de este modo, por ejemplo, asistimos, en algunos países, con claros reflejos en nuestra sociedad, a la equiparación entre inmigración y delincuencia, en un reduccionismo simplista que solamente ha conseguido aumentar la confusión y la preocupación de los ciudadanos.
De la misma manera que no podemos resolver el problema de la diversidad con soluciones sencillas, por la propia entidad de origen del problema, hemos de asumir que el hecho de la seguridad ciudadana, de acuerdo con nuestra visión, es un problema complejo, que afecta la sensación de la sociedad, de influencia principalmente urbana, con transversalidad de clase (institucional, económica y social), y que por lo tanto, exige un debate amplio con la participación excluyente de los ciudadanos donde se deriven soluciones, seguramente también complejas.
La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los grandes desafíos de las sociedades contemporáneas. El impacto del fenómeno sobre la calidad de la vida de los ciudadanos obliga a los gobiernos y a los sectores organizados de la sociedad, a proponer y diseñar esquemas alternativos a los existentes que, siendo su cometido disminuir los niveles de inseguridad, no sacrifiquen el avance de la Democracia y el respeto por los Derechos Humanos y las Garantías Ciudadanas.
En síntesis, sin perjuicio de lo expuesto en cuanto al concepto, consideramos asimismo que la Seguridad también tiene una expresión como valor publico a obtener y mantener por la sociedad en su conjunto, siendo en nuestro país al menos un error (cuando no una práctica intencionada) considerar la “seguridad” como un tema asociado a determinado espacio ideológico o político.
La defensa de los Derechos Humanos y las Garantías Individuales y la igualdad de oportunidades a través de la educación y la justicia no son incompatibles con la necesidad de reglas claras de convivencia y garantías de seguridad ciudadana a ofrecer por el Estado, quien deberá asegurarlas dentro del marco legal. Basta, en ese sentido, observar las políticas de seguridad de los países centrales de Europa para advertir coincidencias básicas más allá del signo político de sus gobiernos, siempre circunstanciales. Fuente-Seguridad ciudadana-Internet Google
El objetivo de este trabajo es la de explorar las distintas aristas que tiene la falta de seguridad en todos los niveles de la nuestra sociedad y que se ha convertido en los últimos tiempos en principal tema de preocupación y debate en los medios de comunicación.
Si bien el tema no resulta nada nuevo, pues la inseguridad y el incremento hechos delictivos afectan en mayor o menor medida también a los países de la región y del continente, no podemos soslayar que el aumento de la criminalidad ha sido considerable y marca una sostenible tendencia ascendente que nos ha puesto a cuestionar la eficiencia y eficacia del Estado en su rol de brindar seguridad a través de los organismos encargados para el efecto.
Tomamos como referencia histórica, la caída del régimen dictatorial del Gral.Alfredo Stroessner en febrero de 1989 y el inicio de la era democrática en el Paraguay refrendada en la Constitución Nacional de 1992 de la cual adjuntamos los siguientes artículos por considerarlos pertinentes en el momento de establecer la responsabilidad del Estado en cuanto al respeto y aplicación de los mismos.
Artículo 4 - DEL DERECHO A LA VIDA
El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección, en general, desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte.
Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la liberta de las personas para disponer de su propio cuerpo, sólo con fines científicos o médicos.
Artículo 5 - DE LA TORTURA Y DE OTROS DELITOS
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles.
Artículo 6 - DE LA CALIDAD DE VIDA
La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad.
El Estado también fomentará la investigación sobre los factores de población y sus vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad de vida de los habitantes.
Artículo 9 - DE LA LIBERTAD Y DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
Toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad.
Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohibe.
Artículo 11 - DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
Nadie será privado de su libertad física o procesado, sino mediando las causas y en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes.
Artículo 12 - DE LA DETENCIÓN Y DEL ARRESTO
Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo caso de ser sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal. Toda persona detenida tiene derecho a:
1. que se le informe, en el momento del hecho, de la causa que lo motiva, de su derecho a guardar silencio y a ser asistida por un defensor de su confianza. En el acto de la detención, la autoridad está obligada a exhibir la orden escrita que la dispuso.
2. que la detención sea inmediatamente comunicada a sus familiares o personas que el detenido indique;
3. que se le mantenga en libre comunicación, salvo que, excepcionalmente, se halle establecida en su incomunicación por mandato judicial competente, la incomunicación no regirá respecto a su defensor, y en ningún caso podrá exceder del término que prescribe la ley;
4. que disponga de un intérprete, si fuere necesario, y a
5. que sea puesta, en un plazo no mayor de veinticuatro horas, a disposición del magistrado judicial competente, para que éste disponga cuanto corresponda en derecho.
Artículo 13 - DE LA NO PRIVACIÓN DE LIBERTAD POR DEUDAS
No se admite la privación de la libertad por deuda, salvo mandato de autoridad judicial competente dictado por incumplimiento de deberes alimentarios o como sustitución de multas o fianzas judiciales.
Artículo 14 - DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY
Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado.
Artículo 15 - DE LA PROHIBICIÓN DE HACERSE JUSTICIA POR SI MISMO
Nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni reclamar sus derecho con violencia. Pero, se garantiza la legítima defensa.
Artículo 16 - DE LA DEFENSA EN JUICIO
La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales.
Artículo 17 - DE LOS DERECHOS PROCESALES
En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a:
1. que sea presumida su inocencia;
2. que se le juzgue en juicio público, salvo los casos contemplados por el magistrado para salvaguardar otros derechos;
3. que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales;
4. que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos por la ley procesal;
5. que se defienda por sí misma o sea asistida por defensores de su elección;
6. que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso de no disponer de medios económicos para solventarlo;
7. la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación;
8. que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas;
9. que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas;
10. el acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones procesales, las cuales en ningún caso podrán ser secretas para ellos. El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley, y a
11. la indemnización por el Estado en caso de condena por error judicial.
Artículo 18 - DE LAS RESTRICCIONES DE LA DECLARACIÓN
Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra la persona con quien está unida ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad inclusive.
Los actos ilícitos o la deshonra de los imputados no afectan a sus parientes o allegados.
Artículo 19 - DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
La prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio. En ningún caso la misma se prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para igual delito, de acuerdo con la calificación del hecho efectuada en el auto respectivo.
Artículo 20 - DEL OBJETO DE LAS PENAS
Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad.
Quedan proscritas la pena de confiscación de bienes y la de destierro.
Artículo 21 - DE LA RECLUSIÓN DE LAS PERSONAS
Las personas privadas de su libertad serán recluidas en establecimientos adecuados, evitando la promiscuidad de sexos. Los menores no serán recluidos con personas mayores de edad.
La reclusión de personas detenidas se hará en lugares diferentes a los destinados para los que purguen condena.
Artículo 22 - DE LA PUBLICACIÓN SOBRE PROCESOS
La publicación sobre procesos judiciales en curso debe realizarse sin prejuzgamiento.
El procesado no deberá ser presentado como culpable antes de la sentencia ejecutoriada.
La aplicación en la práctica de los artículos expuestos mas arriba, todavía suscita controversias en los cuadros de mandos policiales en el momento de ejercer la función de combatir a la delincuencia, debido a la excesiva dependencia de los organismos judiciales.
Prosiguiendo el contexto histórico, se sucedieron varios gobiernos a partir de 1989.Andrés Rodríguez hasta 1993, Juan Carlos Wasmosy hasta 1998, Raúl Cubas Grau depuesto por la crisis de marzo de1999 y Luis Ángel González Macchi hasta el 2003” Cuyo mandato se vio caracterizado por un extremo grado de incompetencia a todos los niveles, además de graves denuncias de malos manejos y corrupción, tales como la posesión de un automóvil robado en el Brasil, y desvíos de fondos del seguro social y del Banco Central. Fue imputado en una causa por desvío de millones de dólares de fondos públicos remitidos a Estados Unidos
Los 16 millones de dólares desviados para inversiones personales, que ya fueron recuperados en parte por el Estado paraguayo gracias a un fallo de un tribunal de Estados Unidos emitido en 2006, son fondos de los bancos privados Unión y Paraguayo Oriental, que fueron intervenidos y declarados en quiebra por el Banco Central del Paraguay.
El juicio oral público inició el 8 de mayo de 2006. También se le imputó el presunto origen ilegítimo de fondos depositados en una cuenta numerada en Suiza, fue condenado a 6 años de prisión pero luego apeló la sentencia y quedó impune de todos los delitos cometidos durante su presidencia. Fuente Internet Wikipedia.
La industria del secuestro en el Paraguay
En el gobierno de González Macchi, se inicia un periodo nefasto para nuestro país con el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi por parte de Jose Arrom y Anuncio Marti con la consabida repercusión mediática y la posterior fuga de los implicados al Brasil.
A partir del 2003 asume la presidencia, Nicanor Duarte Frutos y en su periodo de mandato ocurre el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas por parte Osmar Martínez, Carmen Villalba y otros miembros de un grupo político izquierdista vinculado a las FARC, los asentamientos campesinos liderados por Elvio Benítez y en donde investigadores señalaron incluso la supuesta participación del propio Fernando Lugo entonces Obispo de San Pedro.
ASESINATO EN PARAGUAY | ASUNCION, CIUDAD DEL ESTE Y EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, LOS SITIOS DONDE HAY MAS CASOS
Paraguay: 24 secuestros y US$ 9 millones de rescate en sólo 4 años
Son datos del gobierno. La oleada comenzó en 2001. En la mayoría de los casos participaron policías. Crece la noción de que esa red de oficiales corruptos tomó parte del rapto y asesinato de Cecilia Cubas. El secuestro y muerte de la joven Cecilia Cubas es un espantoso episodio plagado aún de preguntas sin respuestas. Pero ha sido el gatillo que disparó un apasionado debate entre los paraguayos sobre la emergencia de una industria delictiva montada sobre una red de corrupción policial que se ha disparado en los últimos 4 años.
En la calle, en los diarios, en la radio y la TV, incluso en las reuniones de familia, el gran tema es la inseguridad y la penetrante sensación de impunidad que gana el ánimo de la gente de a pie. El último dato que sobrecoge a esta atribulada sociedad es que ya fueron pagados 9 millones de dólares en concepto de rescate en su mayoría por secuestros ocurridos en los últimos cuatro años. Esa cifra es enorme para las dimensiones de este país.
Según datos recientes aportados por fuentes oficiales, organismos de derechos humanos e informes periodísticos, desde el 2001 hubo 24 secuestros de magnitud -no registrados en todo el país, de los cuales la mayoría ocurrieron en Asunción, la capital, donde se supone que existe el mayor control policial.
El lugar que sigue en el mapa del delito es Ciudad del Este, y San Lorenzo, un municipio cercano a la capital.
Justamente, es este último sitio donde fue raptada el 21 de setiembre la joven Cubas, de 32 años, hija del ex presidente Raúl Cubas Grau. Su cadáver apareció el miércoles último, enterrado en la habitación de una vivienda en el barrio Ñemby, a 15 kilómetros de esta capital.
"En los últimos meses hubo al menos 5 casos. Antes se encubrían y ahora no, por eso es que aparecen", dijo a Clarín el ministro del Interior, Nelson Mora.
El cuadro estadístico muestra que el delito creció y se instaló en años recientes como una práctica habitual desde el secuestro de la empresaria María Edith Bordón de Debernardi, en noviembre de 2001. Estuvo en cautiverio 64 días y fue liberada con el pago de un millón de dólares de rescate. En muchos de los 24 casos que se sucedieron, hubo policías involucrados.
"En verdad, hay una metástasis", sostiene Ruiz Alfonso Resck, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay. "Todo se ha convertido en una industria".Fuente Clarin.com edición lunes 25-02-2005.
"¿Cree que los responsables son apenas los detenidos por el caso Cubas? Hay otros mimetizados en los estamentos del poder", comentó a Clarín.
La gran pregunta es hasta dónde llega la red de contubernio entre los policías y los secuestradores. La investigación ordenada por el gobierno creció tras el arresto del comisario Merardo Palacios, ex jefe de la jurisdicción donde se halló el cadáver de Cecilia Cubas. Palacios confesó a los fiscales que conocía datos del secuestro y que extorsionó a sus superiores para lograr un ascenso a cambio de información para salvar a la joven.
Las autoridades sospechan que es la cara visible de una gran banda dedicada al secuestro y a la extorsión, con ramificaciones en otras áreas del Estado.
El caso Cubas no ha sido el único enlazado con sectores policiales corruptos. Carmen Vargas, hermana de Gilda Vargas, secuestrada hace más de un año sin que se sepa nada de ella desde entonces, denunció que le habían sacado dinero para seguir con la investigación.
El fiscal general, Oscar Latorre, defiende la tesis de que el líder de los secuestradores de Cubas, Osmar Martinez, tiene lazos con la guerrilla colombiana de las FARC. "Hubo contactos con el canciller de las FARC", dijo a este enviado.
Nuevo secuestro extorsivo en Paraguay
12/06/2007 - 19:19 (GMT)
La ola de secuestros extorsivos continuó en Paraguay al confirmarse el martes el plagio de un médico y su novia en la zona del Alto Paraná, a 320 kilómetros al este de la capital, donde sólo en este año hubo ocho raptos, todos impunes.
El médico Luis Ramos y su novia Marta Acosta fueron capturados el lunes sobre la ruta que une Ciudad del Este con puerto Presidente Franco, en la frontera con la ciudad brasileña Foz de Yguazú.
Nilda Medina, tía de la mujer plagiada, confirmó a los periodistas que "recibimos una llamada telefónica en la que nos pidieron 500.000 dólares como rescate. Nosotros no poseemos dinero y creo que tampoco su novio lo tiene", se lamentó.
Los agentes de la unidad antisecuestros comenzaron una nueva búsqueda de los delincuentes y las víctimas.
Al producirse este ilícito, continúa sin resolverse el secuestro del adolescente brasileño Leandro Baumann, raptado el martes pasado en la colonia Corpus Christi, a 400 kilómetros al norte de Asunción, en la frontera con el estado brasileño de Mato Grosso do Sul.
El joven es hijo del empresario agroindustrial brasileño Odemir Baumann quien al ser informado por los malvivientes acerca del plagio, solicitó a la prensa y a los policías que cesaran sus investigaciones.
En total, sólo en 2007 en la zona noreste del país hubo 12 secuestros extorsivos. Fuente.Internet.Terra.Noticias.
Tal vez uno de los casos mas emblemático lo constituya el del secuestro del niño Amin Riquelme por parte de su propio tío y otro cómplices.Donde la Justicia aplico severas penas para los autores.
A la lista de secuestros realizados por bandas organizadas, se suman los casos de raptos perpetrados por delincuentes eventuales, autosecuestro e incluso
La Inseguridad En Paraguay
La crisis económica y contrabando internacional aumentan la inseguridad
El estancamiento económico, el aumento demográfico y la ubicación de Paraguay en la ruta del contrabando internacional serían las causas del aumento de la delincuencia y por ende de la inseguridad, dice el estudio sobre el tema que realizó el programa de DD.HH. de la facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.
El estudio fue publicado en un libro titulado: La seguridad en el Paraguay: Análisis y respuestas en perspectivas comparadas, y cuya edición cuenta con el apoyo de la universidad Columbia de nuestro país. La investigación, basada en encuestas, entrevistas calificadas, observaciones, archivos y bancos de datos desmitifica varias creencias y clisés respecto al problema de la seguridad ciudadana en nuestro país.
El libro señala entre otras cosas que con el aumento de la sensación de inseguridad pública, también surgió la creencia popular que atribuye este incremento de la delincuencia a las reformas penales recientemente implementadas.
Afirma que los niveles de delincuencia en los centros urbanos del Paraguay -si bien altos- son más bajos comparables con los niveles en la región, “lo cual sugiere que la percepción de inseguridad es exagerada”.
ESTANCAMIENTO ECONÓMICO
Para los investigadores de Harvard, las causas más probables del aumento de la delincuencia y por ende de la inseguridad incluyen el estancamiento económico, los cambios demográficos y el aumento del uso de nuestro país como tránsito del contrabando internacional.
El trabajo de los investigadores, coordinado a nivel local por la Dra. Soledad Villagra, señala asimismo que Paraguay tiene como legado de inseguridad las secuelas de varias décadas de dictadura y una complicada transición que dificultaron el establecimiento de una justicia penal eficiente.
Algunas de las herencias de estas dos etapas de la vida nacional son: 1. Una policía que cumplía órdenes del Ejecutivo sin hacer investigaciones técnicas; 2. Las prisiones superpobladas que facilitaban la reincidencia y por ende la corrupción y los privilegios. 3. La resistencia institucional al cambio y el aumento de la percepción de inseguridad.
Este legado ha contribuido a que la ciudadanía opte por un reclamo de volver a prácticas políticas más severas y autoritarias contra la delincuencia.
“Estas contrarreformas, que incluyen la reducción de la disponibilidad de medidas alternativas a la prisión y el aumento de las condenas a prisión para algunos hechos punibles, en gran medida han sido respuestas precipitadas a eventos magnificados por el sensacionalismo de los medios de comunicación, que han capturado la atención pública”, dice el informe.
Otras afirmaciones señalan que el gobierno se vio presionado a implementar medidas que ofrezcan visibilidad, aún cuando no resistan una fundamentación seria.
Los datos estadísticos oficiales no son confiables y las fuentes alternativas son escasas. El servicio de 911 pierde cobertura financiera frente a la controvertida Policía Urbana Especializada. Mientras, aumenta la corrupción institucional, las penitenciarías continúan superpobladas y la privatización de la seguridad sigue sin límites.
No se deben tomar medidas en base a la percepción ciudadana
La investigación de la Universidad de Harvard, publicada aquí sobre el problema de la seguridad ciudadana, señala que la delincuencia y la seguridad pública son problemas frecuentes de sociedades en transición a sistemas de gobiernos más democráticos. Asegura que es necesario analizar todas las aristas del problema en sus causas y no limitarse a tomar medidas en base a la percepción, que muchas veces es vulnerable a la manipulación y la exageración.
Temas relacionados
El estudio fue realizado en nuestro país bajo la dirección de James Luois Cavallaro y de Soledad Villagra. Todos los investigadores pertenecen a la Facultad de Derecho de dicha universidad norteamericana, que además realizó la misma investigación en otros países latinoamericanos.
El libro publicado sobre los resultados del trabajo (La seguridad en el Paraguay: análisis y respuestas en perspectivas comparadas) dice que los reclamos populares de reforma para combatir la delincuencia pueden estar orientados por los medios de comunicación y políticos oportunistas y debido a ello pueden ignorar temas complejos como la pobreza, los cambios demográficos y la corrupción. Esto, a su vez, puede hacer que las medidas sean tomadas de manera apresurada sin un análisis riguroso de la eficacia y menos aún de las consecuencias negativas.
Los autores se refieren a la creencia de que el incremento de la inseguridad se debe a que el Código Penal y el de Procedimiento Penal “son blandos” con los delincuentes y no son adecuados para el Paraguay. La investigación afirma que encontraron importantes vacíos de implementación en la reforma.
LA EXPLOTACIÓN DEL MIEDO
El trabajo de investigación indica que los medios sensacionalistas y la explotación política de los miedos públicos afectan directamente en la formación de la percepción de la inseguridad y pone como ejemplo un extracto de entrevista a periodistas, que afirman que los medios normalmente se encuentran en la escena del delito antes de que llegue la policía o el fiscal.
Luego observan que según todas las encuestas, los medios de comunicación gozan de un alto nivel de confianza en la consideración del público, en una proporción mayor que en otros países, mientras que en contrapartida el nivel de confianza en el Poder Judicial es bajísimo.
El libro destaca que se investigó el contenido de los noticieros de TV de la mañana y encontraron que el 31% de las historias transmitidas muestra un crimen violento, además de otras historias sobre accidentes o incidentes sangrientos y cada programa incluía al reportero parado en la puerta de Emergencias Médicas esperando la llegada de la próxima víctima. Fuente Internet- Wikipedia (la inseguridad en el Paraguay)
La delincuencia es producto de mala política social
La delincuencia es producto de la exclusión social y de la poca capacidad del Estado de satisfacer las necesidades básicas del ciudadano, sostiene el doctor Marcos Khon. Aseveró que los hechos punibles que se ven a diario son producto de la mala política social.
Para el doctor Marcos Khon Gallardo, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (INECIP), las autoridades no deben confundir los problemas de seguridad pública con pobreza, porque así se estaría castigando a las personas más carenciadas con el derecho penal.
“La delincuencia es producto de la exclusión social, de la poca capacidad que tiene el Estado de satisfacer necesidades básicas del ciudadano. Un sector que ha sido permanentemente desatendido por el Gobierno, que no tiene nada que perder, es fácil que caiga en el delito”, expresó el ex magistrado.
Desde el punto de vista del profesional, esta situación que atraviesa la sociedad también puede generar la conformación de “escuadrones de la muerte” o que la gente decida hacer justicia por mano propia.
“Se pueden dar los escuadrones de la muerte, porque los sectores más poderosos pueden organizarse para mantener fuera del ámbito donde se desenvuelven a los que ellos consideran un peligro para su seguridad”, puntualizó.
Sostuvo que estos hechos punibles que a diario ocurren y que se reflejan a través de la prensa son producto directo de una mala política social.
“El gasto social que anualmente presupuesta el Gobierno es mínimo, así como el gasto en rubro justicia. Estos puntos son los que hay que verificar para encontrar explicaciones” fuente- www.abc.com.py
Violencia juvenil por falta de oportunidad
La violencia generalizada que se está dando en nuestro país, sobre todo en los jóvenes, es un “complejo drama que tiene en la ruptura de la contención familiar una de sus bases esenciales” y en la falta de oportunidades laborales y de distracción, según sostiene el sociólogo Tomás Palau.
“Son hijos (los jóvenes) de la violencia, de la degradación, de la falta de oportunidades laborales, de distracción y de educación”, afirma Palau.
Agrega que, desde el punto de vista social, “a la juventud no se le ofrecen alternativas laborales, vocacionales, no hay inversión pública del Estado”. “Para romper este cuadro es absolutamente imprescindible una perspectiva laboral, educacional seria, sostenible en el tiempo”
“Son jóvenes desintegrados, que no han tenido otra forma de socialización que la televisión y las barras”, enfatiza. Para el sociólogo, en este contexto, es “obvio que se metan en las drogas, en el alcohol. Este fenómeno de desintegración se va a seguir acelerando en los núcleos urbanos”
Fuente-www.abc.com.py
LA DELINCUENA Y SUS JUECES - CRIMINALIDAD
La criminalidad es un régimen exclusivamente humano, comprende los momentos funcionales de un órgano único que es la sociedad, y lo más importante es pensar en la criminalidad como parte de la movilidad social.
La criminalidad «estricta» es la expresión de la delincuencia, pero no es toda la violencia social que existe en una determinada sociedad. No se evita el crimen sólo con la prevención, al atacar la criminalidad es necesario ponderar cuando ésta actúa como causa, y cuando ella es la consecuencia, el producto, de muchas otras carencias en el sistema social, que en muchos países hoy se manifiestan como inseguridades sociales. Para nosotros, la criminalidad que estamos presenciando (lamentablemente como espectadores robotizados) en el país es una consecuencia muy activa del sistema social imperante, por lo tanto, constituye un efecto de variadas manifestaciones, y no una causa, de la actual inseguridad ciudadana.
Ha ido muy lejos este problema de la violencia criminal (la que se riñe con la ley penal) y la razón central es la evolución que ha tomado todo el sistema social a través del sistema político, los únicos responsables de su exorbitante auge. En cuanto al sistema educativo o de instrucción pública, éste es una verdadera calamidad, siendo el principal insumo social, excluyendo a muchos de los niños, que luego serán los jóvenes infractores (la criminalidad es un problema de la gente joven). No sé sobre qué base el país que aspira al progreso social, si la escuela no funciona, y además es costosa para el ciudadano humilde. Imaginemos por un momento la escuela en el medio rural. O pensamos en el desarrollo cultural de nuestros campos. Pero el crimen es un fenómeno esencialmente del medio urbano.
Por eso, al abordar la criminalidad en los términos de la seguridad urbana, que se manifiesta como (in) seguridad ciudadana, pensamos en exponer en forma escueta el quid del fenómeno criminal, aunque nuestra opinión no sea del agrado de los políticos ni del poder político, en general. Pues nuestros políticos son muy malos, pocos profesionales y sin tacto para el manejo de un asunto complicado como la criminalidad, que además es un problema científico, que se formula en base a números, luego a planes y finalmente a programas, para que el sistema social funcione sin amenazas de ningún tipo.
Siendo la criminalidad una consecuencia y no una causa de males sociales, no es correcto, pero preocupante ver a las autoridades interesadas más en el tema el crimen, antes que la realidad en la que funciona el sistema social (estructuras económicas, políticas y sociales básicas), cuyos componentes centrales están reñidas con las causas estructurales de la criminalidad: es peligroso abordar la criminalidad de forma instrumental, decidiendo en aposento o en Consejos de gobierno lo que se piensa o no hacer.
El fundamento social del crimen práctico es que en una sociedad cualquiera, algunas conductas están permitidas y otras están prohibidas. Las primeras, dependen de la cultura, del devenir social; las segundas del sistema jurídico y del control gubernamental. Las sociedades del primer mundo tienen otras formas de criminalidad, menos sangrienta. Domina básicamente el delito galante, filosófico, o el que se inspira en las tecnologías. New York, paradójicamente puede servir de ejemplo: la prostitución está prohibida, y no se tolera; el consumo de alcohol a la vista de los demás no está permitido, y no es una forma extrema de escape a los problemas; el metro está en manos privadas, pero el Estado tiene en control absoluto las normas de su ejemplar funcionamiento. El marco laboral es prospectivo, y domina el estricto criterio de la legalidad. Gracias a ello no se puede desarrollar en ninguna de sus formas el culto a la personalidad, y cualquier Presidente si se porta mal, pasa a la cola de la sociedad. Pero cualquier ciudadano es tratado igual como el más de sus potentados, so pena de demanda. La tendencia es que la sociedad así concebida está por encima de cada uno de sus intereses particulares, y que el poder político tiene que orientarse a partir de ahí, y no al revés.
El crimen es un potencial comportamiento y al mismo tiempo una conducta negativa, incluso del hombre socialmente bien orientado. Pero el problema aquí planteado es la criminalidad de los «fracasados» del sistema social, y por qué esto ha ocurrido. Es nuestra responsabilidad convertirlo en tema social y no del poder político, que históricamente ha cometido muchos errores.
Al inquirir qué podemos hacer contra el crimen, sólo dos tipos de respuestas pueden constituir una explicación racional. En primer lugar, interpretar las señales sociales que derivan del crimen práctico y generalizado entre la gente común, que además están sobreviviendo y tratando de realizar aspiraciones imposibles, que el sistema social le niega; en segundo lugar, mantener el tema del aumento de la criminalidad en el nivel discursivo, en los medios de comunicación, donde además es casi imponente la idea de que el crimen lo tiene que atender o resolver una Secretaría de Estado, o un puñado de funcionarios, incluyendo los Jefes de Policía. La primera fórmula es preferible, porque nos indica que la criminalidad exige primero conocer de sus verdaderas causas, reveladas mediante estudios formales, antes de proponer planes y programas para su prevención.
Este tipo de trabajo se entiende mejor en función de datos estadísticos. Cuando miramos a nuestro alrededor, descubrimos a un hombre tratando ser normal en una sociedad que cada vez se hace más anormal, y a esta anormalidad la denominamos la criminalidad, que como ya se ha dicho aquí, es el resultado de otras inseguridades, entre los que se cuentan el desempleo, falta de alimento, pobreza material, fundamentos institucionales nefastos, falta de respeto a los valores, problema de la ética social, en la policía, en los funcionarios públicos, Ministerio Público político dirigido por políticos, etc..
La segunda fórmula, que es la oficial, es la equivocada, porque ve la criminalidad al revés. Y porque el concepto que tiene es de que hay que esforzarse en la prevención para acabar con el delito. Esta concepción del crimen, se convierte en un círculo vicioso, con rituales en los que vemos a sus funcionarios intervenir en el asunto de manera personal, casi a manera de triunfo o de logro del gobierno.
La idea del delito que necesitamos es que éste se configura por la interacción de todos, no sirve de nada que el grupo dirigente se esfuerce mucho hablando todos los días del fenómeno, o que diga qué hacer y qué no hacer en la lucha contra el crimen. La criminalidad requiere de un instituto especializado que estudie continuamente todas las formas de violencia criminal, y se la presente al gobierno central. Pero la cuestión nuestra es que urge (re) evolucionar, porque tiene, en realidad, tantas fisuras por donde se diluye el sentido de los servicios sociales que tiene que atender el gobierno, que no logra materializar. Fuente- monografía de Wilfrido Mora
Frente a la escalada de violencia, en Paraguay necesitamos pensar
No hace falta hablar de cifras, de secuestros y de muertes. En los últimos 10 años aumentaron los índices de criminalidad en el Paraguay como en el resto de la región y hace tres comenzó a surgir el fenómeno de los secuestros en el país. La percepción de inseguridad, alimentada por el periodismo sensacionalista y las voces alarmistas, ha tenido una escalada muy superior a los que pueda indicar cualquier estadística.
Frente a esta situación, desde hace un tiempo la ciudadanía viene reclamando acciones eficaces para reducir la criminalidad, pero esto no bastó para que el Estado generara una respuesta sólida y coherente. Aún NO existe una política integral en materia de seguridad. Hay planes, proyectos, experiencias, pero son acciones fragmentarias. Las diferencias políticas entre distintos sectores del Estado (ministerios, municipios, etc.) contribuyeron a este vacío.
No se dio hasta ahora un debate serio sobre la reforma policial, la ineficacia del sistema de justicia penal o la ausencia casi absoluta de políticas sociales.
Hoy nos sorprende lo que ocurre. Pero esta situación no se inició la semana pasada y los responsables hace tiempo que no hacen lo que deben.
Las políticas se construyen desde la REFLEXIÓN y no por REACCIÓN, como escuché hace poco decir a alguien. Y las propuestas que se repiten en los medios de comunicación hablan de esta falta de reflexión: que la ciudadanía debe armarse ante la desprotección por parte de la policía, que hay que reinstaurar la pena de muerte, y otras propuestas como la de armar a la Policía Municipal de Tránsito, sin ninguna preparación para el efecto.
Es irracional pensar que las armas o la pena de muerte puedan conducir a otra cosa que no sea profundizar la violencia.
Los que venimos trabajando en esto hace algún tiempo sabemos que no vamos a solucionar en una semana lo que no se hizo en muchos años. Creo que lo que hace falta es sentarse a pensar, iniciar un proceso de análisis científico y tomar la decisión firme y responsable de trabajar en serio para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Paraguay.
Una de las acciones que podríamos calificar de positiva en estos días es la decisión del gobierno de iniciar un estricto control en la posesión de armas. Después de dos años de aprobada la Ley 1910 (De Armas de Fuego, Municiones y Explosivos) que aún no cuenta con la necesaria reglamentación, las autoridades se dan cuenta que hay que controlar y reducir la proliferación de las armas de fuego. Lo que llama la atención (o no tanto) es el profundo desconocimiento de ministros, fiscales y parlamentarios del contenidos de la mencionada Ley.
Desde que iniciamos nuestras actividades en el marco de la Campaña Armas Bajo Control, nos cuestionaron muchas veces diciendo que en el país el problema no es tan serio, que son las armas blancas las más utilizadas en hechos delictivos. Sin embargo, según datos de la Policía Nacional el 60% de los homicidios y alrededor del 40% de las lesiones se cometen utilizando armas de fuego. Y esto sin mencionar el rol que Paraguay cumple en el comercio ilícito hacia los países vecinos, alimentando las bandas que secuestran, matan, trafican drogas y roban en Brasil o en Argentina. Fuente-(www.abc.com.py)
El narcotráfico
EL PODER Y LAS DROGAS, SIMBIOSIS INELUDIBLE EN LA HISTORIA DEL PARAGUAY
Desde 1965 pasaba por Paraguay un vital tráfico de heroína que cobró notoriedad cuando en Washington se supo quién lo dirigía. Era el antiguo agente de la GESTAPO Lucien Darguelles, alias Auguste Ricord, capo de la Conexión Latina que inspiró el personaje compuesto por el actor Fernando Rey en la celebrada película "Contacto en Francia".
Uno de sus principales protectores era el general Andrés Rodríguez, emparentado con el dictador Stroessner y bautizado por la prensa internacional como "el general de los grifos de oro". Se cuenta en Paraguay la anécdota de que cuando en una oportunidad el rey Juan Carlos de España visitó su residencia, se sintió impresionado por la fastuosidad y no resistió preguntarle si todas las riquezas a la vista las había adquirido con su sueldo de general.
Su protegido Auguste Ricord tenía su residencia y un motel en las afueras de Asunción, camino a Itá Enramada. Al frente lucía una pequeña réplica de la torre Eiffel con el cartel Paris-Nizza en luces de neón, y se conectaba con un pequeño puerto donde atracaban lanchas y una balsa con servicio regular a la costa argentina, a escasos cinco minutos de travesía por una ruta asfaltada. Parte del cargamento llegaba por ese cruce, a veces disimulado en automóviles Citroen usados importados desde Francia a Paraguay, para embarcarse rumbo a Estados Unidos en cargueros aéreos que partían de pistas controladas por jerarcas del régimen militar paraguayo como Rodríguez.
El negocio prosperaba sin sobresaltos hasta que el 18 de octubre de 1970 un Cessna monomotor fue detenido con casi cincuenta kilos de heroína pura en el aeropuerto internacional de Miami. El cargamento estaba evaluado en unos diez millones de dólares y los tripulantes eran Roberto Gallucci, alias César Bianchi, y el copiloto Balestra, ambos operadores de la red que dirigía Ricord bajo protección de Rodríguez.
EL NARCOTRÁFICO Y SUS PACTOS CON EL OBISPO FERNANDO LUGO
Ningún poder se ejerce en Paraguay sin el aval del narcotráfico, y ello quedó demostrado el 10 de Octubre de 1994 cuando el General Rosa Rodríguez acabó asesinado en las mismas calles de Asunción, como derivación de una operación destinada a infiltrar el cartel de Cali, por parte de la DEA.
En base a estas elocuentes lecciones del pasado reciente, el clérigo-presidente Lugo se avino a negociar la conformación de las mesas directivas del Legislativo Paraguayo con un conspicuo traficante de drogas y capo mafioso, el general Lino Oviedo.
Aunque hace pocas semanas fue denunciado como golpista, la amenaza se diluyó muy OBISPO Y LAS DROGAS
En Paraguay, al igual que en Colombia, el poder político abre las puertas del paraíso terrenal, pero también deja entrar al narcotráfico y los estupefacientes.
Uno de los cercanos colaboradores del clérigo-presidente Fernando Lugo, Miguel López Perito, se ha hecho conocido en Paraguay en los últimos tiempos por los principescos banquetes que ofrece a sus amigos, entre los cuales se cuentan marginales del submundo de las drogas y el narcotráfico.
Ha cobrado estado público que la residencia donde se ha mudado recientemente con una de sus amantes, un lujo que sólo el poder permite comprar, se ha convertido en punto de encuentro de los más conspicuos consumidores de cocaína en el mundillo de la farándula asuncena. pronto y los representantes del obispo volvieron a los amoríos con el general-traficante.
Ya en Septiembre de 1985, en plena guerra fría y bajo la dictadura pro-Washington del general Alfredo Stroessner, un expediente judicial sobre narcotráfico citaba al hoy aliado del obispo Fernando Lugo en el Parlamento, entonces coronel Lino Oviedo:
"...se constató las operaciones de dos avionetas brasileñas con matrículas cubiertas que cargaban electrónicos de contrabando y paquetes de cocaína. Entre los peones cargadores y guardias civiles armados se encontraban dirigiendo las operaciones el señor Fadh Yamil y el militar Lino Oviedo" (informe de juez al presidente de la suprema corte de Justicia, 20 de septiembre de 1985).
Un informe de la CPI del Brasil también describe a Oviedo en términos parecidos: "Oviedo es uno de los pilares del tráfico de drogas en América del Sur, jefe del cartel de Paraguay, estrechamente vinculado a Beira Mar" (Aníbal Miranda, la Máxima organización mafiosa, Pág. 177).
Un informe de inteligencia rastreado en origen a estación de la CIA en Asunción, datada en Asunción y fechado en junio de 1994 no se queda a la zaga de las anteriores descripciones:
"Oviedo utiliza el Hotel Cecilia como base de operaciones para sus varias actividades fuera de sus funciones como comandante del Ejército, incluyendo espionaje para el Gobierno Alemán. El dueño del Hotel, Gerardo Wagner, austríaco de origen, es un contacto de muchos años del espionaje alemán".
También vinculaba a Oviedo con la reexportación ilegal realizada por el conocido fascineroso Carlos Barreto Sarubbi, "envuelto en tráfico de drogas con el Cartel de Cali a través de Mohamed Jamil Rassoul, un libanés residente en Ciudad del Este. Rassoul fue detenido recientemente en Brasil con Vicente Rivera Ramos, hijo de uno de los jefes del cartel de Cali. Más de 7.300 kilos de cocaína fue encontrada en una estancia alquilada por Rassoul".
Oviedo fue considerado por mucho tiempo como una amenaza militarista y fascista, además de peligroso criminal y asesino de manifestantes contra el gobierno en episodios de marzo de 1999, por los intelectuales y la prensa paraguaya que hoy guardan un silencio cómplice ante estos pactos entre el clérigo presidente y el narcotraficante neo nazi, quizá influenciados por la embajada norteamericana.
El misterioso silencio ante el reciclaje del general golpista Lino Oviedo entre la intelectualidad paraguaya , en su mayoría alineados en el proyecto del obispo Fernando Lugo, no se condice con las expresiones que escuchábamos una década atrás al referirse a este subproducto de la política exterior norteamericana, que modeló la atrabiliaria mentalidad de los militares latinoamericanos.
La posición contra Oviedo se atenuó cuando el militar ingresó al Olimpo de los políticos sufragados por la embajada norteamericana a través de su Partido Unace. Fuente :Luis Agüero Wagner blog en Internet www.igooh.com/Cumbre narcotráfico Paraguay-Colombia.
Aunque resulte increíble o novelesco el comentario presentado más arriba , no nos atrevemos a emitir juicios acerca de la veracidad de estos,simplemente transcribimos informaciones que tuvieron eco en los diferentes medios de prensa, tanto nacional como internacional, también las noticias proveídas por los propios agentes del gobierno en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico.
Las incautaciones de cocaína y marihuana son casi cotidianas y los cultivos se han vuelto endémicos en las zonas de Amambay,Canendiyu,Concepción y San Pedro con el agrado del elemento de los asentamientos campesinos.
También la ferocidad y la crueldad aplicadas entre las bandas mafiosas para dirimir sus conflictos de intereses, han asombrado a la opinión pública y existen zonas del país que se han cobrado triste fama, debido a los espantosos crímenes y macabros hallazgos de cadáveres con signos de ensañamiento.
Paraguay reconoce su debilidad para controlar el narcotráfico
Paraguay admitió las falencias en el control de fronteras, al reconocer que se detectan más cargas de contrabando en Corrientes y Misiones que las secuestradas en territorio paraguayo, informó la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad).
Sección
Seguridad
Fecha de publicación
9 de marzo de 2009
El departamento de Itapúa, fronterizo con Corrientes y Misiones, ocupa un lugar preponderante en el esquema de la producción y tráfico de drogas, en especial el de la marihuana.
Si bien el área de cultivo en Itapuá es relativamente inferior comparado con otras regiones de ese país, pero su ubicación es estratégica para la distribución ya que limita con los mercados de consumo de Brasil y Argentina, y a través de esta última con Chile.
Un informe de la prensa paraguaya, manifiesta que en los dos últimos años en Itapúa fueron incautadas más de seis toneladas de marihuana, en distintos procedimientos.
Pero esa cifra es notoriamente inferior a la cantidad que fue incautada en el mismo periodo en las vecinas provincias de Misiones y Corrientes, con las que el departamento comparte frontera a través del río Paraná.
Marcos Fernández, jefe de la Senad, reconoció la falencia del lado paraguayo de la frontera y lo relacionó a la rentabilidad que implica para los habitantes de la zona el contrabando respecto a los cultivos de la tierra y otras actividades laborales.
Consideró que, pese al riesgo de ser detenidos y comparado a largas jornada de cultivar la tierra, para un poblador resulta relativamente sencilla la tarea de cruzar el río en un bote de remos, y arrojar la carga en la orilla contraria, donde otros estibadores se encargan de recoger y transportar la mercancía.
Fuente-Regionnortegrande.com
RECOMENDACIONES:
-Desde el punto de vista de la problemática planteada y expuesta, se debe implementar un sistema social efectivo y funcional para atender más de cerca las causas de la delincuencia especialmente en el Paraguay ya que la misma es muy perceptible en nuestra sociedad actual.
-Hacer posible el funcionamiento de un sistema pedagógico que aporte a nuestros jóvenes y niños herramientas eficaces para defenderse en un mundo profesional y de esta forma disminuir en un mínimo posible la criminalidad y sus factores delictivos.
-El Estado debe inquietarse en atender las causas reales que posibilitan el activo funcionamiento de la incertidumbre en la sociedad , estas causas son: un papel fundamental e indudable cumple el desempleo de los sectores marginados y a esto lo acompaña la falta de manutención , otras de las entidades que el Estado debería ocuparse de atender con suma urgencia es del problema de una ética social en la policial nacional.
-Se debe solucionar la problemática del continuo fracaso del sistema social que se encargue de centrar su atención en la sociedad y una vez descubierta de donde surge la problemática trazar posibles soluciones a la misma, como ser en las zonas marginales.
-Se precisa erradicar las tantas discrepancias políticas existentes entre sectores del Estado, para luego hacer viable la lucha contra la inseguridad y sus diferentes elementos sus causas y sus consecuencias
